18 de abril de 2014

El Martes 22 comenzamos con

EL ANTEPROYECTO, EL PROYECTO Y LA DIRECCION DE OBRAS.
 La teórica ya esta subida a este blog.

31 de marzo de 2014

La ética detrás del oficio
Germán del Sol Stuven, escritor y músico, nos ha enviado un escrito titulado “La ética detrás del oficio” en que realiza un interesantísimo análisis del libro de Rafael Moneo sobre Alvaro Siza “Contra la indiferencia como norma”

20 de junio de 2013

La arquitectura se defiende

El premio nacional de fotografía, José Manuel Ballester, realiza una foto-protesta a los arquitectos españoles en contra de la Ley de Servicios Profesionales de De Guindos. 

Ayer 13 de junio a las 13:13 horas, la sede del Colegio Oficial de Arquitecto de Madrid (COAM) vio posar entre sus paredes a 300 arquitectos, entre ellos nombres muy conocidos como Rafael Moneo o Ricardo Aroca, para una foto con intención de protesta realizada por el premio nacional de fotografía 2010, José Manuel Ballester.  
La foto reivindicaba el NO al borrador de la Ley de Servicios Profesionales (LSP) que tiene intención de equiparar las capacidades facultativas de un ingeniero industrial a las de un arquitecto. “Esta foto-protesta es un acto por la arquitectura contra una ley que no cuenta con los arquitectos. En lugar de hacer manifestaciones y cortar la Castellana hemos pensado en esta manera de protestar. Va a ser una foto histórica contra una ley que minimizaría el papel de una profesión de más de 200 años”, explica José Antonio Granero, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.
A la misma hora, otros fotógrafos estaban pulsando el disparador de su cámara en los colegios de arquitectos de Navarra, Bilbao y otras ciudades españolas quejándose ante una ley que “carece de sentido” como explica Granados ante todos los presentes. 
Arquitectura sin arquitectos
El borrador de la LSP pretende sustituir la vigente Ley de Ordenación de la Edificación del 5 de noviembre de 1999 que protege al arquitecto frente a otros técnios e ingenieros y establece que “las casas las hacen los arquitectos que son los que han estudiado arquitectura”, como expone Ricardo Aroca, ex director de la Escuela de Arquitectos y antiguo decano del Colegio de Arquitectos de Madrid . “Yo no pretendo fabricar un barco porque eso es territorio de un ingeniero naval, tampoco pongo en duda que a un enfermo le vea un médico que es el que ha estudiado medicina. La arquitecrura es un bien de interés público, no sólo un tema de seguridad, si se va a caer o no se va a caer el edificio”.
Y es que todos los arquitectos coinciden en que la casa no se hace para que la disfrute el que la está haciendo sino por y para la sociedad. Explican que “los edificios son una seña de identidad de la ciudad en la que seguirán presentes  cuando no quede ninguno de los que intervinieron en su construcción”.
La primera escuela de arquitectura en España se fundó en 1848 y ha visto crecer a los 53.000 arquitectos que trabajan hoy en España. Para muchos de los que acudieron ayer a la protesta organizada por el COAM esta ley supone desprestigiar y tirar a la basura la preparación y formación de cientos de años y de miles de personas. Defienden la colaboración con ingenieros industriales y geólogos, pero reconocen que tiene que ser el arquitecto el que lleve el peso del proyecto integrando y coordinando todas las demás disciplinas.
“Creo en el conocimiento y la capacidad que se adquiere con el estudio. Desde luego, la ley debe recoger y entender la capacidad de un arquitecto a la hora de construir un edificio porque durante muchos años se ha estado preparándose y capacitándose para ello”, defiende José María Ezquiaga, profesor de urbanismo de la Escuela Politécnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Obsequio-protesta: qué es arquitectura 
Todo el gremio se ha movilizando contra una ley “irracional e injusta”. Desde la asociación No a la LSP regalaron al ministro de Economía Luis de Guindos un libro titulado Qué es arquitectura en el que recogían miles de definiciones de sociólogos, historiadores o antropólogos sobre la profesión. Era un obsequio-protesta contra un borrador que en en ningún momento menciona la palabra arquitectura. 
Las intenciones del ministerio 
En cuanto a las intenciones del borrador no está nada claro. Ezquiaga habla de la postura “neoliberal” del gobierno ante la liberalización de las profesiones. Cree que en un intento de liberalizar las profesiones, se han equivocado. “Esta claro que la situación actual tiene que mejorar, pero esta visión exclusivamente liberal no es la solución”.
Sin embargo Aroca discrepa, “probablemente los redactores de este borrador tengan amigos ingenieros que les han dado motivos razonables para escribir esta ley, pero no tiene ningún sentido”.
Sea como fuere, la era de la arquitectura española ha cometido mucho errores, pero la solución no está en manos de los ingenieros sino en darles la oportunidad a los arquitectos de enmendarlos. “A la vista está que los arquitectos y promotores en España nos hemos equivocado, pero somos nosotros los que debemos corregirlo”, explica Granero. “La arquitectura la hacemos muchos y la disfrutamos todos”.
Hasta que el borrador no se haga definitivo, el gremio muestra su desconfianza e incredibilidad. “Nunca he sido creyente en nada. Creo que debemos esperar, pero debemos dejar claro que es una muestra de incultura mezclar arquitectura con construcción ”, concluye Aroca.

3 de agosto de 2012

Todos los papeles para la obra

Una guía del proceso para registrar los planos de obra en la Ciudad de Buenos Aires. La documentación necesaria, los costos y las estrategias para acortar tiempos.
UN LARGO CAMINO. La tramitación del permiso de obra puede demorar hasta más de un año.
Para comenzar una construcción en la ciudad de Buenos Aires hace falta paciencia, y mucha. El arquitecto Agustín García Puga, especialista en gestión municipal, explica que el plazo desde que se inicia el trámite hasta que finaliza puede ser de hasta 90 días, aunque la práctica muestra que algunas obras han demorado más de un año.

Primer paso

El paso a paso incluye los siguientes ítems necesarios para ahorrar tiempo: Verificar las restricciones que impone el Código de Planeamiento para el lote, en el sitio Web de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, en la sección Cartografía/Planchetas 2011.

Plancheta y control

El profesional tiene que comprar una plancheta de consulta catastral en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC) en Carlos Pellegrini 211, Piso 2. Si bien en la plancheta figuran las medidas del lote sobre el que se va a trabajar, según explica García Puga, hay que desconfiar de estos datos y chequearlos in situ , ya que las medidas que figuran allí pueden ser diferentes de las reales. En caso de que haya una diferencia sustancial, habrá que hacer una mensura particular y el agrimensor tendrá que inscribir el resultado dentro del catastro.

Factibilidad

Desde 2007, a partir de los reclamos de los vecinos, se sumó una nueva imposición. Cuando el proyecto es una vivienda multifamiliar se debe solicitar un certificado de factibilidad a las empresas Metrogas, AySA y Edesur o Edenor, las cuales deberán confirmar que están en condiciones de responder a una expansión de la demanda de sus servicios.

Más control

Por otra parte, desde abril de 2011 la DGROC exige que las obras de menos de cinco mil metros cuadrados se presenten en plano único en la División Contaduría del organismo, en donde se chequea el valor de las tasas de consumo eléctrico, sanitario y derechos de construcción. A su vez, inspectores de esta entidad concurren al lote para sacarle fotos y verificar así que no se haya concretado ninguna demolición y que los árboles de la vereda no han sido removidos (en caso contrario corresponde una multa).

Permiso para demoler

Las demoliciones requieren de documentación aparte en este mar de papeles, e implican la aparición de nuevas figuras. En primer lugar, y referido a la conservación del patrimonio, lo primero que debe hacerse es revisar si el inmueble a demoler está protegido por la ley 2548 y posteriores, que obliga al estudio por parte del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) para construcciones anteriores a 1941. Al respecto, García Puga explica que “es conveniente generar un expediente de obra y firmar el boleto de compraventa ad referendum de que quede liberado para el fin que queremos”.

Espera mínima

Si el expediente va a estudio, hay que tener en cuenta que esto puede demorar entre 45 y 60 días y que es imprescindible que el Consejo se expida para concretar la demolición, ya que si ésta se realiza antes el responsable de la obra recibirá una multa, que puede incluir una restricción en el FOT.

Seguridad e higiene

El permiso de demolición requiere además de la incorporación de un licenciado en Seguridad e Higiene que supervise el proceso, y la presentación de un formulario firmado por el demoledor o su representante técnico (en caso de que no sea profesional) en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO), en donde existe un listado de demoledores habilitados. Esta exigencia ha sido incluida recientemente a la luz de la cantidad de derrumbes que ha padecido la ciudad en los últimos años. La normativa obliga al demoledor a hacerse solidariamente responsable con el propietario en caso de que ocurra un accidente.

Cortes

Con el plano y el sello de la DGFyCO, se debe visar la demolición en el colegio profesional que corresponda, se tramitan los certificados de cortes de luz y gas en las compañías proveedoras correspondientes, y se pide el certificado de desratización, con lo que se puede demoler.

Más papeles y dinero

Además del tiempo, otro punto controvertido son los gastos que implica. Un ejemplo de esto es la o bligación de establecer una póliza de tres millones de pesos para cubrir la demolición y excavación (que antes comprendía los subsuelos, y ahora se refiere a las bases), y que además debe ir acompañada por un relevamiento fotográfico y una minuciosa memoria descriptiva sobre el estado de las medianeras de los edificios linderos certificado por escribano.

Ambiente

Desde hace dos años se sumó un costo extra en concepto de “gravámenes ambientales” que exige un pago por cada metro cuadrado demolido y por cada metro por construir. La tramitación ronda los $100/m2.

Sobre la cantidad de documentación solicitada para registrar planos, el director de la DGROC, Guillermo García Fahler, explica que la normativa es cada vez más restrictiva por la presión vecinal. “Si los profesionales ejercieran responsablemente las técnicas constructivas, no ocurrirían accidentes”, justifica.

19 de enero de 2012

No permiten demoler sin que haya una inspección previa

Es obligatorio informar cuándo arranca la obra. La medida llega tras el derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre. Los constructores deben avisar la fecha justa de la demolición o excavación, para facilitar los controles. Son los momentos más críticos. 

Los empresarios de la construcción que estén por comenzar a levantar un edificio deberán informar la fecha  exacta del inicio de obras , para facilitar los controles de parte del Gobierno porteño. Además, si tuvieran que demoler alguna estructura vieja, no podrán hacerlo sin una inspección previa.
Estos requisitos, que están vigentes desde el lunes pasado, llegan por la puesta en marcha de la ley N° 3.562, que fue sancionada por la Legislatura porteña en setiembre de 2010, un mes después del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, que dejó tres muertos. Si bien esta ley estaba vigente, el Ejecutivo no la había reglamentado cuando fue el derrumbe parcial del edificio de Bartolomé Mitre 1232, en noviembre pasado, en el que murió Isidoro Madueña, un hombre de 74 años que no escuchó el llamado para evacuar el edificio. Esa demora en poner en marcha la ley le valió a la administración macrista varias críticas de la oposición.
Por eso, la Agencia Gubernamental de Control estableció un nuevo mecanismo. Una vez que el empresario consiga el permiso para construir, deberá presentar ante el organismo, que atiende en Perón 2941, los planos, un seguro de responsabilidad civil por los riesgos que pudieran sufrir terceros, y el plan de trabajo, en el que deberán especificar los plazos de las distintas etapas de obra, para que el Estado pueda ir realizando las inspecciones correspondientes a cada etapa. Hasta ahora, los constructores podían iniciar la obra en cualquier momento desde que conseguían la habilitación.
En el caso de que tengan que hacer una demolición, el profesional responsable de la obra tendrá que pedir la inspección con una anticipación de 5 a 30 días hábiles. Esas tareas no podrán comenzar hasta tanto la AGC no haya corroborado que en la obra se tomaron todas las medidas de seguridad obligatorias por ley, como el refuerzo de las medianeras de los edificios aledaños.
En tanto, en el caso de las excavaciones de hasta 4 metros de profundidad, será obligatoria una inspección cuando se haya llegado al 10% de la ejecución de los trabajos. Pero si la excavación prevista fuera de más de 4 metros, habrá una segunda inspección obligatoria al llegar al 50% de avance. En este caso, en el momento de la inspección será obligatorio que esté presente el representante técnico encargado de la excavación, que además debe estar matriculado en el registro de excavadores que tiene el Gobierno porteño.
Con el boom de la construcción de los últimos años se multiplicaron los casos de edificios dañados o directamente caídos por obras mal hechas en los terrenos linderos. Los casos más graves fueron los del gimnasio de Villa Urquiza y el edificio de Once, pero hubo más antecedentes: el 12 de febrero, una grúa cayó sobre un edificio en Las Cañitas y destruyó varios departamentos; y en marzo de 2007 hubo una seguidilla de cuatro derrumbes seguidos en Caballito, Boedo, Palermo y Villa Crespo, entre otros ejemplos.
Las etapas de demolición y excavación son críticas. Según la propia AGC, en el 50% de los casos los accidentes de obra se produjeron en los primeros días de trabajo , sobre todo en las medianeras. Un 30% ocurrió al momento de la edificación y el 20% se dio por diversas causas en distintos momentos de las obras.
Entre el 1° y el 20 de diciembre, en la primera etapa de puesta en marcha de la ley N° 3.562, la AGC realizó 397 inspecciones a obras. En el 70% no se detectaron irregularidades y en el 28,5% se encontraron problemas menores, pero el 1,5% restante de las obras tuvieron que ser clausuradas porque no respetaban las medidas de seguridad o tenían problemas con la documentación. El 30% de las inspecciones se hicieron en Caballito y el 25% en Palermo, los dos barrios más visitados.
Tras el derrumbe de Once, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo denunció que había detectado 883 obras en riesgo y que el Gobierno porteño no había actuado, pero en la Ciudad respondieron que habían controlado a todas las obras que correspondía.